La fracturación hidráulica, también conocida como fracking, es una técnica de extracción de hidrocarburos que consiste en la inyección a presión de grandes volúmenes de agua en un pozo de miles de metros de profundidad, hasta alcanzar y fracturar rocas en el fondo que contienen petróleo y gas.
Según WWF, se estima que en un único pozo se pueden consumir entre 9.000 y 29.000 m3 de agua o más, es decir, entre 2,4 y 7,7 piscinas olímpicas. De estos fluidos que retornan a la superficie se derivan riesgos para las aguas superficiales, los suelos, los ecosistemas, la fauna y las personas, si no son manejados adecuadamente.
Entre los impactos que se pueden presentar con el fracking se encuentran:
La contribución al calentamiento global debido a las fugas de gas metano, superior al dióxido de carbono, que suelen producirse durante la extracción. Lo anterior degrada en gran medida la naturaleza y el aire que respiramos, llenándolo de emisiones como el óxido de nitrógeno y el dióxido de azufre.
La contaminación de fuentes de agua y el ecosistema acuífero, provocando derrames de estos recursos explotados dejando en consecuencia el agua de origen con aceite negro químico y radioactivo imposible de consumir para cualquier ser vivo.
Disminución de agua y generación de sequías. Impacto generado por la necesidad de solventar suficiente agua para el funcionamiento de la maquinaria. Esto ha dejado grandes hectáreas de terreno sin agua, desabasteciendo a los animales de la zona.
Daños en estructuras geológicas que obligan a muchos animales a huir y emigrar hacia otros hábitats para su supervivencia.
En Colombia, esta técnica tiene dos pilotos de exploración en Puerto Wilches, Santander, que actualmente se encuentran suspendidos. En su momento fueron aprobados como una especie de "prueba" de las consecuencias que podría tener el fracking en Colombia y aunque Ecopetrol, la empresa petrolera que desarrolla estos proyectos, aseguró que tiene contempladas “medidas para prevenir, mitigar, corregir y compensar posibles impactos en los ecosistemas, la biodiversidad, los recursos hídricos, el suelo y el aire”, no se tiene certeza de la forma en la que evitaría el inminente desastre ambiental.
El pasado 10 de agosto fue radicado en el Senado de la República el Proyecto de Ley 114 de 2022, que busca prohibir en el territorio nacional la exploración y producción de yacimientos no convencionales y la utilización del fracking para la explotación de hidrocarburos, así como establecer la obligación al gobierno nacional de reformular la política pública de transición energética.
“Hoy la perforación de un pozo petrolero está demandando al día en agua lo que demanda dos veces la población de un municipio como Barrancabermeja, una población de alrededor de 200.000 habitantes. Además de eso lo que va a suceder con el fracking es que no vamos a poder tener los impactos controlados ni localizados en términos ambientales en un territorio, vamos a perder el control de lo que significan los impactos ambientales, van a ser impactos regionales, que no solamente tienen que ver con un consumo desmesurado de agua sino también con la contaminación del agua residual que esto genera (...) que implicaría tener que asumir el riesgo de pensar que una de esas fallas contamine agua, contamine acuíferos, contamine ríos enteros, acabe con la vida de cientos de miles de animales, porque esta discusión también tiene que ver con el respeto de la vida animal, y destruya ecosistemas a perpetuidad, es decir, no van a tener la capacidad de recuperarse en el futuro”, aseguró Esmeralda Hernández, senadora y coordinadora ponente del proyecto de ley para prohibir el fracking en Colombia.
Es evidente que la promoción del fracking afecta significativamente al medio ambiente, es preciso que Colombia le apueste a una transición energética justa que sustituya la explotación de combustibles fósiles y garantice la protección de la vida en todas sus formas.
¿Estaríamos verdaderamente dispuestxs a sacrificar nuestra vida y nuestra tierra por un beneficio económico?